Javier Morales Alarcón
13/01/2020
Pedro Sánchez ha propuesto a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Delgado hasta entonces ha sido la Ministra de Justicia, de hecho al momento de su nombramiento, lo era. Sánchez ha considerado que la mejor candidata para el cargo del Estado que más independencia e imparcialidad ha de tener, por la infinidad de procedimientos judiciales que se impulsa desde este órgano. Y en este contexto muchos temen que se convierta en la Fiscalía el Gobierno y no del Estado.
Por el programa de gobierno que presenta y por los socios que ha tenido que echarse, no cabe duda que necesita doblegar a la justicia y ponerla de su lado. Y esto, a pesar de la prudencia y de la lejanía con la que los jueces actúan para la opinión pública, les ha obligado a pronunciarse mediante las asociaciones de jueces y fiscales. La mayoría ha expresado el partidismo desaforado que el nombramiento conlleva.
Y esto se debe a la importancia de la figura de la Fiscal General del Estado.
Pero este nombramiento no corresponde formalmente a Pedro Sánchez, sino al Rey. Lo que le corresponde a Pedro Sánchez es la proposición formal al jefe del Estado. Pero, como en muchos otros asuntos, el Rey no tiene decisión directa sobre tales casos. Esto no es un caso aislado de la comunidad internacional. En EEUU, por ejemplo, lo elige el Presidente, pero lo tiene que ratificar el Senado. En México, el Fiscal General de la república lo nombra el Senado, pero lo nombra sobre una terna que propone el presidente. En Argentina sucede algo similar, allí no lo llaman Fiscal, lo llaman Procurador General y este lo propone el presidente al Senado y luego tiene que ser aprobado con una mayoría de dos tercios. Como vemos, a pesar de que en estos países haya algún mecanismo que complique más la situación, la decisión viene siempre del Ejecutivo.
El problema es que en España no tenemos esos mecanismos. El único filtro es el Rey, pero este no puede hacer nada en la elección. Lo que le proponga el Presidente es lo que tiene que aprobar. Eso sí, la persona elegida tiene que tener un currículum importante.
En el pasado esto se pidió que se reformase, además de manera muy continuada, pero como es de esperar, ningún partido se atreve a dar el paso porque es consciente de que ahora lo puede usar el rival, pero si el día de mañana me toca a mí, podré usarlo yo. El único partido que pidió esta reforma, y además de manera contundente, fue Podemos, que ahora parece haberse quedado mudo. Además, Pablo Iglesias, hace muy poco, replicaba a las puertas del Congreso que sería conveniente por responsabilidad y por moral, que alguien, refiriéndose a Dolores Delgado, que ha estado en contacto con las cloacas del Estado y con Villarejo, debería alejarse de la vida pública y pronto. De nuevo, tras su nombramiento, no solo no ha dicho nada, sino que ha reafirmado que él estuve de acuerdo en la decisión.
Una vez nombrada Fiscal General, esta figura automáticamente es independiente e imparcial y no puede recibir órdenes del Gobierno. Por eso, todos los gobiernos de nuestra democracia han nombrado siempre a gente lo suficientemente afines para no tener que darle órdenes, ya que no pueden. Pero lo que si se ha hecho siempre ha sido guardar las formas y no ser tan descarados.
Dolores Delgado es el segundo caso que un exministro pasa a ser Fiscal General. El primero fue Javier Moscoso, entre 1986 y 1990. Moscoso fue Ministro de Presidencia hasta las elecciones de 1986 y tras unos meses apartado de la vida pública, Felipe González lo nombró Fiscal General del Estado. Bien es cierto que el mundo en aquellos años no es el de ahora, claro está. Pero dejar unos meses a alguien apartado era más que suficiente para que la opinión pública del momento se olvidara de él. No es el caso que podría haber ocurrido ahora.
Pero además, la figura de Dolores Delgado no ha pasado desapercibida en estos meses como ministra de Justicia. Es sabido por todos la relación no explicada que mantuvo con el excomisario Villarejo y con las llamadas cloacas del Estado.
LA BALANZA 